sábado, 15 de marzo de 2008

Certificación Forestal de Comunidades Indígenas








Pre-certificación de comunidades indígenas en Chiloé y Osorno

LUIS OTERO

INTRODUCCIÓN

Dada la complejidad del proceso de certificación, la gran cantidad de información que requiere reunir y las dificultades de interpretación de los criterios del FSC, (Forest Stewarship Council o Consejo de Administración Forestal), la certificación en grupos se constituye en la mejor alternativa para las comunidades y los pequeños propietarios.[1]

Para implementarla, es necesario considerar el desarrollo de un “esquema de organización” de apoyo, llamado también organización sombrilla (OS), que se haga responsable del manejo forestal.

El presente artículo se basa en dos experiencias de pre-certificación de comunidades indígenas o grupos, realizadas en el sur del país. La primera corresponde al proyecto Cancha de acopio de leña, de la Agrupación de productores forestales de Natri Bajo, de Chiloé; y, la segunda, a la Asociación indígena de productores forestales mapuche-huilliche de San Juan de la Costa, de Osorno.[2] Ambas agrupaciones estaban asesoradas por organizaciones de apoyo (OS), que hacían las veces de responsables del manejo de los bosques.

Este artículo refiere los problemas que normalmente enfrenta una comunidad para resolver el proceso de certificación. Se describen los requisitos que se establecieron en ambas pre-certificaciones, las mayores dificultades detectadas y las ventajas de estas asociaciones en su proceso de certificación. La metodología empleada en la evaluación consideró, básicamente, los criterios establecidos por el FSC[3]; en procesos que se desarrollaron en enero de 2000, en las comunidades de San Juan de la Costa, y en marzo de 2002, en la comunidad de Natri Bajo[ÑÑ1] .[4] En el último caso, la evaluación se realizó por solicitud del Fondo de Las Américas, la agencia financiera del proyecto.

LAS COMUNIDADES Y LOS PROYECTOS

Natri Bajo

La agrupación de Natri Bajo contaba con 19 familias y con un recurso forestal total de dos mil 500 hectáreas, de las cuales aproximadamente la mitad correspondía a bosques primarios del tipo forestal chilote -compuesto por coigüe de Chiloé (Nothofagus nitida), canelo (Drimys winteri), tineo (Weinmania trichosperma), tepa (Laureliopsis philipiana) y mañío (Pdocarpus nubigenus, P salignus), con distintos grados de intervención. La otra mitad eran renovales, principalmente de canelo. El promedio de bosques por propietario era de 65 hectáreas. La comunidad estaba organizada como asociación de productores forestales.

Figura Nº1: Mapa de ubicación de la comunidad de Natri Bajo[ÑÑ2]

Insertar Figura Nº1

La OS responsable del manejo forestal, era el proyecto Cancha de acopio; iniciativa apoyada por la municipalidad de Chonchi, respaldada económicamente por el Fondo de Las Américas y asesorada técnicamente por el Proyecto Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo (PCMSBN) -de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y las instituciones alemanas de cooperación técnica y financiera DED (Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica), GTZ y KfW[ÑÑ3] -, que llevaba dos años de trabajo con la comunidad.

Las actividades silviculturales realizadas consistían en raleos[5] y cosechas bajo el sistema de protección uniforme en bosque adulto. Pese a que las faenas de cosecha eran de baja intensidad, por lo que se ejecutaban con equipos sencillos, fundamentalmente bueyes y motosierras, una parte importante de los propietarios entregaba sus labores a contratistas externos. Los principales productos obtenidos por los grupos locales eran leña, para consumo en Chonchi y Castro (aproximadamente 600 m3[ÑÑ4] ) y madera de tepa y tineo para chapas, que se pretendía [ÑÑ5] vender a una empresa debobinadora de Castro. No existía una demanda por maderas certificadas por parte de esta planta, así como tampoco de los consumidores de leña.

San Juan de la Costa

La comunidad de San Juan de la Costa, localizada en la provincia de Osorno, estaba constituida por nueve predios[ÑÑ6] [6], con una superficie total de 24 mil 810 hectáreas, de las cuales 21 mil estaban cubiertas por bosques de los tipos siempreverde, alerce (Fitzroya cupressoides) y ciprés (Pilgerodendron uviferum).

Figura Nº2: Mapa de ubicación de la comunidad de San Juan de la Costa[ÑÑ7]

Insertar Figura Nº2

La organización responsable del manejo forestal era la Consultora Monfil y Asociados; que desarrollaba un proyecto en convenio con la Asociación indígena de productores forestales mapuche-huilliche, compuesta por alrededor de 100 miembros. La consultora, que llevaba aproximadamente dos años de trabajo en el área, contaba con apoyo económico del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), a través de un proyecto de transferencia, con el cual atendía a 170 propietarios de la entidad indígena (grupo mayor que el de la asociación).

La intensidad del manejo consideraba la intervención aproximada de 200 a 300 hectáreas por año; es decir, una magnitud relativamente baja que correspondía al 1% ó 2% de la superficie forestal y a un promedio de dos hectáreas por propietario al año. Los sistemas silviculturales empleados eran las cortas de protección uniforme y protección en fajas, con una extracción de entre el 50% y 70% del área basal. Ambos procedimientos consideraban la retención de árboles percha e islas de vegetación, con objeto de conservar la biodiversidad. El proyecto contemplaba, también, la forestación de praderas degradadas con eucalipto (principalmente Eucaliptus nitens), para disminuir la presión sobre los bosques nativos y hacer sustentable económicamente la iniciativa; plantándose anualmente una o dos hectáreas por propietario.

Al momento de la evaluación, los sistemas de extracción se realizaban con bueyes y equipos mecanizados (pequeñas orugas, D3 y tractores agrícolas), pero se contemplaba intensificar a futuro el uso de bueyes, mediante la dotación de yuntas a jóvenes de la asociación indígena.[7] Una parte importante de las faenas no era realizada directamente por los propietarios, sino por contratistas externos.

Las razones por las cuales esta asociación y las comunidades deseaban certificarse, se basan en el interés por abastecer a industrias regionales orientadas a la exportación, como la debobinadora Inbossa S.A. de Frutillar y Forestal Puerto Montt; ésta última, en ese momento, exportaba astillas de maderas nativas a Japón.[8]

ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN

En términos generales, ambas comunidades presentaban buenas condiciones para su certificación; estaban organizadas y la OS, en ambos casos, tenía un fuerte compromiso y capacidad técnica para apoyarlas. Las agrupaciones realizaban sus actividades de acuerdo a la ley, con planes de manejo, y los propietarios poseían títulos de propiedad saneados o en proceso de saneamiento. En el caso de San Juan de la Costa, si bien no existían conflictos de tierra con personas no indígenas sí habían internos, de distribución entre miembros de las comunidades, lo que dificultaba la acción de la OS.

Aspectos sociales

Desde el punto de vista social, en términos generales los proyectos presentaban importantes ventajas, por tratarse de programas de evidente beneficio para las comunidades locales. Los procesos de participación estaban bastante desarrollados y el apoyo a las organizaciones de los propios indígenas era la base de sus actividades.

Sin embargo, la existencia de contratistas forestales externos, que realizan faenas y servicios a los propietarios, con trabajadores sin capacitación, disminuyendo las posibilidades de trabajo para la población local, constituía un problema social. La presencia de estos contratistas se debía, en gran medida, a la falta en los propietarios de equipos de trabajo, la carencia de motosierras y bueyes, o a la existencia de familias con mujeres solas o propietarios de mucha edad. En estos casos, era necesario desarrollar modelos adecuados de convenio entre comunidades y contratistas, que consideraran normas ambientales y sociales.

Un problema en ambas localidades era la falta de programas de capacitación y extensión para los propietarios forestales, sobre todo, en prevención de accidentes laborales, así como la carencia del equipo básico de protección para ellos y los contratistas (casco, guantes y pantalón anticorte en el caso del motosierrista, etc.). Esta situación se producía pese a las posibilidades de utilizar el apoyo de mutuales de seguridad, que cuentan con la experiencia y el personal para realizar capacitaciones; aunque sólo pueden acceder a este apoyo quienes están inscritos en dichos servicios (lo que al menos debería ocurrir con el personal de los contratistas). Los propietarios individuales, que trabajaban normalmente, no poseían sistemas de seguridad social.

Por otro lado, en la comunidad de Natri Bajo no existían mecanismos de resolución de conflictos que actuaran como mediadores o arbitradores entre los productores, el contratista y la OS. Esto podía ser fuente de problemas, ya que muchas veces la OS debía administrar dineros procedentes de la venta de leña o madera, contratar servicios para la construcción de caminos o solicitar fondos a otras instituciones de apoyo.

En las asociaciones de Osorno, por su parte, existían mecanismos que consideraban recurrir en primera instancia a la asamblea de la asociación y, en caso de conflictos más específicos y sin resolver, a instituciones como INDAP, CONADI o CONAF, según las características de la situación.

Los aspectos sociales eran monitoreados a través de reuniones con la comunidad. Particularmente en Osorno se llevaba un registro detallado de los encuentros y problemas.

Aspectos culturales

Desde el punto de vista de la conservación del patrimonio cultural de la comunidad, la información acerca de sitios históricos o culturales/ceremoniales, que debían incluirse en los planes de manejo u ordenación, era insuficiente. Tampoco existía entrenamiento y capacidad de los responsables de las OS para distinguirlos y darles la relevancia que correspondía. En las agrupaciones de Osorno se logró desarrollar, más tarde, un mapa de sitios de valor cultural; entre los que destacan áreas de nguillatunes, un yacimiento de fósiles de madera y un sitio de carácter místico en la costa.

La sustentabilidad y los aspectos económicos

Desde el punto de vista de la sustentabilidad económica de las actividades de la comunidad, en el caso de Natri Bajo se requería un análisis más detallado de los costos de almacenaje y comercialización de la leña, específicamente acerca de la influencia de los costos de carga y descarga de este producto; lo que podía ser determinante para su sustentabilidad económica.

Con respecto a la sustentabilidad productiva y al rendimiento sostenido, en Natri Bajo el proyecto desarrolló planes de manejo con criterios de sustentabilidad, que consideraban la corta anual permisible de acuerdo al crecimiento del bosque (ver Figura N°3). En Osorno, no existía una adecuada justificación de los niveles de cosecha, en términos de rendimiento sostenido del bosque.

Figura Nº3: Plano del predio de la Sra. Rosa Quinan, en Natri Bajo[ÑÑ8]

Insertar Figura Nº3

El uso múltiple de los bosques es, sin duda, un problema importante en el manejo. La sola consideración de productos como la leña y maderas para debobinado, constituía un problema en Natri Bajo. Por su parte, en San Juan de la Costa, además de la venta de madera para metro ruma y debobinado, se logró desarrollar con éxito un programa de recolección y viverización de productos forestales no madereros, principalmente de follajes.[9] En el mismo proyecto se buscaba financiamiento para implementar iniciativas de turismo rural y de uso de maderas cortas para pisos y parquet de mañío.

Aspectos ambientales

Ambos planes carecían de pautas escritas de conservación de suelos, aguas y de biodiversidad. Tampoco poseían lineamientos para enfrentar problemas de contaminación, como por ejemplo, la eliminación de basuras en el bosque y en campamentos. Igualmente, no contaban con sistemas de evaluación y monitoreo del impacto ambiental.

Especialmente importante en San Juan de la Costa, era el monitoreo de los bosques de alto valor de conservación (como los alerces) y de los bosques de protección de quebradas. Los sistemas de monitoreo constituían, en general, puntos débiles en ambos proyectos. En la comunidad de Natri Bajo, sin embargo, se llevaba un control adecuado de la regeneración, sin embargo, en San Juan de la Costa, el control del ganado en las áreas bajo regeneración presentaba serias deficiencias.

La carencia de información acerca de especies con problemas de conservación y de ecosistemas con alto valor de conservación, era una dificultad en los proyectos de ambas comunidades. Muchas veces esta información se encuentra en manos de instituciones ambientales o, simplemente, no existe en la escala adecuada. Su búsqueda debía ser parte de las tareas de la OS; pudiendo desarrollarla con apoyo de los propios comuneros o implementando mecanismos para su localización e identificación, a través de inventarios forestales. Posteriormente, en Osorno la OS desarrolló un proceso para identificar sitios con voqui fuco (Berberidopsis corallina); especie que se encuentra en la lista roja.

Otro aspecto relevante era la consideración de variables ambientales de silvicultura, como la mantención de una cantidad mínima de árboles percha y de maderas muertas en el piso del bosque. En la localidad de Natri Bajo se realizaban actividades de cosecha en fustales de tineo y de raleo en renovales de canelo, cuya silvicultura no contemplaba la mantención de estos elementos. En tanto, en las comunidades de Osorno la situación era mejor, ya que se consideraba la mantención de islas de vegetación como parte del sistema de cosecha en fajas.

Una arista importante, era la falta de capacitación de los operarios para manipular productos químicos en viveros y para el control de malezas en plantaciones. Esta deficiencia era más relevante en el proyecto con las comunidades de Osorno, donde existía un vivero, y porque anualmente cada propietario establecía sus propias plantaciones utilizando productos químicos para el control de malezas.

La consideración de los bosques de alto valor de conservación y su definición, constituía otro problema para la certificación de las comunidades. Sin embargo, en San Juan de la Costa se estaba considerando la existencia de alerzales y de cipresales.

Los planes de manejo

Tal como se realiza normalmente, los planes de manejo de ambas comunidades se desarrollaban en el ámbito de los propietarios individuales, haciendo más complicada la certificación en grupo. La elaboración de un plan maestro, o de carácter territorial, para el conjunto de los tenedores de la tierra, facilitaría el cumplimiento de los principios del FSC; ya que contendría objetivos de largo plazo a nivel silvicultural, ambiental y social. Estos procedimientos territoriales permitirían hacer una ordenación del bosque y de los predios, determinando áreas para distintos usos (forestal, agrícola, ganadero). Por ejemplo, en las comunidades de Osorno existía un amplio uso ganadero de los bosques, generando serios problemas de ramoneo a la regeneración.

Una realidad común era la falta de versiones simplificadas de los planes de manejo, en un lenguaje adecuado para los propietarios de los bosques y la comunidad local. En Osorno, la OS desarrolló un estilo simplificado de planes de manejo que apuntaba a resolver el problema, pero aún eran complejos para las comunidades (ver Figura N°4).

Figura Nº4: Plano del predio de Carlos Aucapán, San Juan de la Costa[ÑÑ9]

Insertar Figura Nº4

La cadena de custodia

El análisis de la cadena de custodia tenía por finalidad asegurar que la madera comercializada, que sale de los predios, no fuera mezclada o confundida con la proveniente de bosques no certificados. Debía existir un sistema de venta de la madera, claro y bien documentado, que definiera la forma en que se oferte (en pié, a orilla de camino, en cancha, etc.), y que especificara al responsable y a quién se emite la factura o guía de despacho.

Ambos proyectos trabajaban con guías de despacho y guías de libre tránsito de CONAF; sin embargo (como la mayoría de los propietarios), ninguno poseía iniciación de actividades y debían utilizar guías que proporcionaban los compradores. Además, existía la necesidad de considerar la identificación física de los productos certificados y adaptar las guías de despacho a los requerimientos de la cadena de custodia. Las guías (timbradas por el SII) deben indicar claramente el dueño del bosque, el comprador, el plan de manejo, los rodales de los cuales proviene la madera, el producto, los volúmenes y el número de código de la certificación; de forma tal de poder realizar un seguimiento a los productos. En el caso de Natri Bajo, se debía dividir la cancha de acopio de leña en dos sectores, para diferenciar claramente los productos certificados de los que no lo están.

La organización sombrilla

En general, tanto el PCMSBN (que apoyaba la iniciativa de Natri Bajo) como la Consultora Monfil y Asociados, reunían muchos de los requisitos como OS; en cuanto a poseer una estructura interna, responsabilidades y funciones tales como planificación, control, evaluación y capacitación.

En el proyecto de Natri Bajo, la estructura de la OS correspondía a la del PCMSBN en la provincia de Chiloé. Este programa contaba con una ordenación provincial, compuesta por un coordinador, un ingeniero forestal a cargo del manejo y capacitación, cuatro técnicos (algunos en convenio con otras instituciones), además de personal de secretaría y un cooperante alemán perteneciente al DED. El sector de Natri Bajo era atendido por un técnico (con sede en Quellón) y un ingeniero forestal encargado del programa.

La Consultora Monfil poseía un equipo de cinco a seis personas, compuesto por un director del proyecto, dos técnicos de terreno que realizaban tareas de extensión y dos personas a cargo de labores administrativas y de extensión.

Ambos proyectos contaban con organizaciones de productores legalmente constituidas -tal como lo establecen los procesos de certificación en grupos-, con personería jurídica como asociaciones de productores forestales (asociaciones gremiales). En la OS de Natri Bajo la personería jurídica correspondía a la del PCMSBN y, en el caso de Osorno, a una sociedad de responsabilidad limitada de la Consultora Monfil y Asociados.

El PCMSBN y la Consultora Monfil poseían registros de los propietarios con que trabajaban, pero no estaban adecuadamente organizados y debían ser complementados con un sistema de verificación de cumplimiento de las pautas y estándares de manejo. Los registros no sólo constituyen una base de datos sobre los propietarios, sino que también se utilizan para monitorear el cumplimiento de los estándares.

El PCMSBN poseía planes operativos anuales que consideraban capacitaciones, planes de manejo y otras actividades. No obstante, carecía de una cartografía completa del conjunto de los propietarios del proyecto de Natri Bajo, aunque estaba en preparación un mapa forestal. Por su parte, la Consultora Monfil contaba con planes anuales y una cartografía básica de 1:20.000, para el conjunto de los propietarios; la que debía ser mejorada, incorporando los tipos forestales, propiedades, bosques de alto valor de conservación, red de caminos y sitios culturales.

Con respecto al sistema de monitoreo; labor fundamental de los responsables de la OS, para asegurar el cumplimiento de los estándares y pautas de manejo por parte de los socios de la organización, el PCMSBN poseía un sistema de evaluación anual de los propietarios, posible de ajustar, agregando los aspectos sociales o ambientales que faltaran. Además, contaba con un sistema de “convenio de incentivos” con los campesinos, que estipulaba exigencias y obligaciones para éstos. Dicho acuerdo era una buena base para establecer requisitos de ingreso o salida del grupo de certificación. La OS de Osorno carecía de un sistema de evaluación sistemática de los propietarios, por lo que se llevaba un deficiente control de su cumplimiento.

Desde el punto de vista de la capacitación y transferencia técnica para los propietarios, el PCMSBN contaba con un plan orientado principalmente a aspectos de silvicultura y de los planes de manejo forestal, pero carecía de temas como: sistemas de cosecha, medio ambiente y accidentes laborales. En Osorno, pese a que la OS realizaba diversas actividades de capacitación a jóvenes y mujeres indígenas en recolección y viverización de especies ornamentales, carecía de un plan sistemático dirigido a los propietarios que abarcara aspectos ambientales y de silvicultura.

CONCLUSIONES

Dada la complejidad del proceso de certificación, las comunidades requieren un fuerte apoyo en información y organización. En este sentido, el rol de la OS es muy importante como “traductor” de los estándares para la comunidad y, al mismo tiempo, como garante de su cumplimiento, mediante sistemas de control y monitoreo.

Los proyectos de manejo forestal en agrupaciones organizadas tienen muchas ventajas, desde el punto de vista social y de las posibilidades de cumplir con los criterios sociales de la certificación. Sin embargo, la incorporación de contratistas externos a las comunidades, es un factor que complica el proceso, al requerir un control más estricto de estas personas. Un tema importante es el de los estándares de seguridad y accidentes; que constituyen una de las deficiencias más frecuentes, desde el punto de vista social.

La ausencia de pautas escritas para diversos aspectos sociales y relativos a la conservación del medio ambiente, es una carencia común en las comunidades. Por otra parte, uno de los mayores problemas y desafíos es el desarrollo de mecanismos eficientes de monitoreo y control de los propietarios, que aseguren el cumplimiento de las pautas de manejo y protección de los recursos.

Una planificación a escala de comunidades más que de propietarios individuales, que tanga en cuenta la ordenación de los recursos y sus usos, y con participación de las propias comunidades, es un elemento importante para asegurar el cumplimiento de los requisitos de certificación.

Bibliografía

Astorga, L. 2002. El Componente Social en la Certificación Forestal. Rev. Bosque Nativo. AIFBN, marzo.

De Bonazos, H. 2002. La Certificación Forestal FSC: Limitaciones y Oportunidades para Pequeños Propietarios Forestales. Rev. Bosque Nativo. AIFBN, marzo.

Monfil T. Otero, L.; Arnold, F. & Cleary, E. 2000. Estudio de Factibilidad para la Certificación Forestal de la Asociación Indígena de Productores Forestales Mapuche-Huilliche de Osorno. ORGUT Consulting, Suecia.

Otero, L. 2002. Aspectos Básicos de la Certificación. Rev. Bosque Nativo. AIFBM, marzo.

Otero, L. 2002. Pre-Certificación Proyecto Cancha de Acopio de Productos Forestales-Comuna de Chonchi. Fondo de Las Américas, Programa Bosque y Comunidad, Valdivia.

Notas



[1] Para mayor información sobre los procesos de certificación se recomienda ver: Astorga, L. 2002. El Componente Social en la Certificación Forestal. Rev. Bosque Nativo. AIFBN, marzo; Otero, L. 2002. Aspectos Básicos de la Certificación. Rev. Bosque Nativo. AIFBN, marzo y, De Bonazos, H. 2002. La Certificación Forestal FSC: Limitaciones y Oportunidades para Pequeños Propietarios Forestales. Rev. Bosque Nativo. AIFBN, marzo.

[2] Otero, L.; Arnold, F. & Cleary, E. 2000. Estudio de Factibilidad para la Certificación Forestal de la Asociación Indígena de Productores Forestales Mapuche-Huilliche de Osorno. ORGUT Consulting, Suecia; Otero, L. 2002. Pre-Certificación Proyecto Cancha de Acopio de Productos Forestales-Comuna de Chonchi. Fondo de Las Américas, Programa Bosque y Comunidad, Valdivia.

[3] También se consideraron, aunque en menor medida, el borrador de estándares nacionales de la ICEFI (Iniciativa Nacional de Certificación FSC), que a la fecha del estudio estaba aún en discusión. En el caso de Osorno se contemplaron también los estándares genéricos de Woodmark de GB.

[4] Por divergencias entre INDAP (financista) y la Consultora Monfil, ésta última dejó de trabajar con las comunidades de San Juan de la Costa.Sus actividades fueron continuadas por otras organizaciones, que retomaron muchas de las iniciativas desarrolladas por la consultora mencionada.

[5] Se empleaba el “método de árbol futuro”.

[6] Los predios considerados fueron: Trafunco los Bados, Puquintrin, Aleucapi, Quilhue, Cheuquemapu y Pucatrihue.

[7] La consultora tramitaba un proyecto de créditos, para dotar a grupos de jóvenes con el equipo necesario para las labores de cosecha.

[8] Forestal Puerto Montt tenía, además, enormes presiones ambientales tanto nacionales como de sus clientes japoneses, por dejar el rubro del astillado de nativas.. Finalmente, en el año 2001 esta empresa dejó el rubro nativo y se dedicó a las plantaciones de eucalipto.

[9] El programa de recolección de follajes consideraba hojas de ampé (Lophosoria quadripinnata), avellana (Gevuina avellana), fuinque (Lomatia ferruginea), licopodium (Lycopodium paniculatum) y pompon (Dendroligotrichum dendroides), entre otras. Estas se comercializaban directamente o a través de intermediarios.


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